Por Beatriz Rahmer, PhD en Educación Superior, Subdirectora de Innovación Social y Pública de la Universidad de Chile.

No se trata de convertir un programa presidencial en un paper con bibliografía interminable. Nadie quiere eso. Pero sí sería razonable exigir que las candidaturas hagan explícito, al menos, qué tipo de evidencia están usando y de qué manera la incorporan en sus diagnósticos y propuestas.

El domingo 16 de noviembre tuvimos una nueva primera vuelta presidencial. Ocho nombres en la papeleta y, tras el conteo, dos candidaturas que pasan a segunda vuelta: Jeannette Jara y José Antonio Kast. Durante las próximas semanas, la agenda pública se concentrará en ellos, en sus equipos y en sus relatos sobre el país. No es solo una disputa entre personas: vuelven a chocar, con otros matices y biografías, los dos polos históricos de nuestra política –izquierda y derecha– en un escenario donde electores han cruzado de un lado a otro, y donde el voto obligatorio ha traído también a las urnas a personas que no se sienten parte de ninguna de esas etiquetas.

Esta columna no pretende sumarse al análisis electoral. Quiero fijarme en otra cosa: en qué lugar ocupa la ciencia –y, en general, la evidencia– en los programas presidenciales. No hablo de las secciones donde se promete fortalecer (o no) el ecosistema de ciencia e innovación; ese es un debate que merece su propio espacio. Me refiero a algo más de base: ¿cómo usan, si es que usan, la evidencia para respaldar las propuestas que le hacen al país?

En una  primera lectura, mirando los programas de cada candidatura, la impresión es que la ciencia y su evidencia está más bien ausente. Ambos documentos utilizan estadísticas para enmarcar los problemas: en el caso de Jara, las cifras ayudan a describir el contexto y a fijar metas cuantitativas; en el de Kast, los números subrayan la gravedad de la crisis económica, social y de seguridad, aunque con menos metas precisas en las soluciones.

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