Por Jorge Rojas NeiraDoctor en Derecho, Universidad de California, Berkeley, Senior Fellow, University of California Davis, School of Law, Senior Advisor Innovación y Transferencia, Universidad de Tarapacá.
En una reciente columna, nos referimos al reciente debate sobre la eficacia y el futuro del sistema chileno de innovación y transferencia tecnológica, a partir de la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre el Programa de Transferencia Tecnológica (OTL y HUBs).
A partir de tal evaluación, que reveló fracturas profundas en la articulación entre el Estado, la academia y la sociedad, el Panel de Evaluación constató fallas de diseño, frente a las que ANID asumió compromisos fundamentales, mientras el conjunto de universidades estatales, a través del trabajo que realiza para fortalecerse, demanda reconfiguraciones necesarias a partir de su propio rol en el sistema nacional de innovación.
En la columna previa analizamos temas tales como los sesgos evaluativos en la torre de marfil académica vinculados a procesos de promoción y permanencia (“promotion and tenure”); la carencia de métricas cualitativas y cuantitativas de los incentivos para avanzar el impacto de la innovación en los territorios; y la deuda de equidad y el licenciamiento socialmente responsable. Esta vez nos referiremos a otros desafíos que se derivan de la evaluación de la Dipres, que son relevantes de asumir, de manera coetánea a la existencia del proceso de reflexión derivado de la Ley de Transferencia Tecnológica que está analizando el Congreso Nacional, y que se complementan con lo tratado en la primera parte de esta columna.
La nueva frontera: inteligencia artificial, territorio y ética
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) exige una relectura del contrato social entre el Estado y sus instituciones académicas. La IA no es solo una herramienta tecnológica; es un motor de transformación que debe ser encauzado para potenciar las capacidades cardinales de la universidad.
Las universidades estatales deben liderar la investigación aplicada intensiva en IA para abordar desafíos específicos del territorio, capitalizando sus fortalezas. Por ejemplo, la Universidad de Tarapacá (UTA) puede aplicar IA para la optimización de la agricultura en zonas áridas, la gestión inteligente de recursos hídricos y, de manera distintiva, para la preservación del patrimonio cultural, como la milenaria cultura Chinchorro. Esto se alinea con la estrategia regional de fortalecer la capacidad de innovación autóctona.
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