Por Jorge Rojas Neira, Doctor en Derecho, Universidad de California, Berkeley, Senior Fellow, University of California Davis, School of Law, Senior Advisor Innovación y Transferencia, Universidad de Tarapacá.

La propiedad intelectual no debiera ser considerada como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que debe contribuir al bienestar de la sociedad y que, como todo derecho de propiedad, tiene una función social.

El reciente debate sobre la eficacia y el futuro del sistema chileno de innovación y transferencia tecnológica, impulsado por la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre el Programa de Transferencia Tecnológica (OTL y HUBs), ha revelado fracturas profundas en la articulación entre el Estado, la academia y la sociedad. Mientras el Panel de Evaluación constata fallas de diseño y la ANID asume compromisos clave, el sistema de universidades estatales, a través de sus propuestas de fortalecimiento, exige una reconfiguración total.

En este contexto, la visión del “Leviatán” –entendido como el sector público nacional e internacional que financia mayoritariamente la I+D– no puede limitarse a corregir fallas operativas o de mercado. Es imperativo que su potestad normativa en materia de Propiedad Intelectual (PI) y Transferencia Tecnológica (TT) funcione como un instrumentum regni, una herramienta funcional al servicio del bien común y la ciudadanía.

La integración de las ideas fundamentales para un sistema de innovación equitativo, con impacto territorial y que utilice intensivamente la inteligencia artificial (IA), revela cómo las actuales propuestas de reforma deben ir mucho más allá de las métricas económicas tradicionales.

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