Por Jacqueline Concha, directora de Innovación de la Universidad de Valparaíso.

El ecosistema chileno avanza de la ética a la acción en la producción de conocimiento y, en ese tránsito, Chile no es un espectador pasivo en la revolución de la inteligencia artificial, sino un actor que busca integrar innovación tecnológica con responsabilidad pública, criterios éticos y una visión estratégica sobre cómo se crea, valida y aplica el conocimiento en el país.

Con la reciente actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, el Estado ha trazado una hoja de ruta explícita que busca posicionar al país como un referente regional en esta materia, no desde la adopción irreflexiva de la tecnología, sino desde un marco que combina innovación, responsabilidad pública y exigentes estándares éticos. Esta política se sostiene sobre pilares que son fundamentales para la academia actual, en la medida en que articulan de forma directa ética, modernización y gobernanza. Por una parte, una IA ética y responsable, donde la normativa chilena enfatiza que el desarrollo tecnológico debe respetar la dignidad humana y la transparencia, lo que en la formulación de proyectos implica que el uso de herramientas generativas no puede vulnerar la propiedad intelectual ni ocultar la autoría real. Por otra, una IA para el desarrollo sostenible y la modernización, que incentiva su utilización para resolver problemas complejos de la sociedad, mejorando la eficiencia del Estado y de la investigación pública. A ello se suman los factores habilitantes y la gobernanza, considerando que el país está invirtiendo en talento e infraestructura, pero también en marcos regulatorios que permitan auditar cómo se están utilizando estos sistemas en procesos críticos de toma de decisiones y asignación de fondos.

Para el investigador chileno, este marco implica que la adopción de la IA debe inscribirse en una lógica de modernización, pero siempre alineada con la excelencia y la responsabilidad ética que exige el Ministerio de Ciencia. En cuanto a las universidades, en este escenario de transformación, las universidades estatales tienen una misión que trasciende la mera enseñanza técnica. No pueden ser solo observadoras pasivas del «aluvión» de IA; deben ser espacios de formación ética y reflexión crítica. Su rol es liderar la producción responsable de conocimiento. Esto implica no solo enseñar a usar la IA para ser más competitivos en los concursos de fondos, sino enseñar a cuestionarla.

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