Por Beatriz Rahmer, PhD en Educación Superior, Subdirectora de Innovación Social y Pública de la Universidad de Chile y Anahí Urquiza, Directora de Innovación de la Universidad de Chile.
Esta semana escuchamos a Josep Borrell en la Universidad de Chile, en la conferencia “Desafíos de la Política Mundial”, aunque el diagnóstico sobre la reconfiguración del poder global ya no sorprende a nadie, igualmente impacta oír, con crudeza, que entramos a una etapa menos cooperativa, más disputada, más frágil: una transición en la que las potencias compiten, la desinformación erosiona la confianza pública y la democracia parece vivir en un estado de sospecha permanente. Ese tipo de mundo no solo tensiona las fronteras y economías, también tensiona el conocimiento, el modo en que construimos verdad compartida y, por tanto, la manera en que decidimos como país.
No es casual que, en otra intervención en Chile en enero del 2025, Borrell haya vinculado la discusión democrática con polarización y “noticias falsas”, recordándonos que el problema no es solo geopolítico, sino también cultural y político, y que la crisis es, además, una crisis de legitimidad y de confianza.
En ese escenario, la ciencia y la innovación adquieren una misión política más relevante que nunca. La ciencia, por definición, solo existe porque es colaborativa: se contrasta, se discute, se revisa, se comparte. Y la innovación, cuando se entiende en serio, no es solo emprendimiento o “modernización”: es seguridad y soberanía. Es la capacidad de un país para no depender completamente de otros cuando se interrumpen las cadenas de suministros, ncuando se encarecen tecnologías críticas o cuando cambian las reglas del juego global. En un mundo cada vez más incierto, la política científica no es un lujo. Es un imperativo.
Por eso decepciona constatar que el gran ausente de este Gobierno fue, precisamente, el desarrollo de una política pública robusta para promover, sostener y articular la ciencia y la innovación como elementos centrales del desarrollo y de la toma de decisiones. No nos referimos a declaraciones generales ni a gestos simbólicos. Hablamos de algo más concreto: de un diseño político que permita que el conocimiento se produzca, se sostenga y circule con estabilidad; que el sistema se fortalezca; que las capacidades no dependan del voluntarismo; que el Estado trate a la ciencia como infraestructura estratégica.
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