Por Ahaní Urquiza, Directora de Innovación de la Universidad de Chile.
Santiago aprendió -otra vez- que el «mal tiempo» no es un accidente meteorológico. Es un test de estrés que pone a prueba a nuestras ciudades, especialmente cuando las hemos construido socio-ambientalmente segregadas.
Las precipitaciones ocurridas durante el mes de enero 2026 dejaron más que calles anegadas: dejó un mapa moral. SENAPRED cifró en más de 1.100 las viviendas afectadas por el temporal en la Región Metropolitana, con impactos concentrados territorialmente. Y la DGA registró intensidades puntualmente altas -del orden de decenas de milímetros por hora- capaces de sobrepasar drenajes urbanos cuyo desempeño depende tanto del diseño como, sobre todo, de la mantención de los sistemas de drenaje de la ciudad.
Pero lo verdaderamente incómodo no fue el agua. Fue constatar que Santiago no se inunda igual. La segregación urbana hace que el riesgo sea selectivo: no porque la nube distinga comunas, sino porque la ciudad sí lo hace. Y lo hace por exposición y sensibilidad (dónde se construye, con qué estándar, cerca de qué cauces o zonas bajas), pero también por capacidad institucional: comunas con mayor autonomía fiscal y equipos técnicos sostienen prevención, operación y recuperación; comunas con mayor dependencia y menos profesionalización quedan atrapadas en el régimen de la emergencia permanente. Dicho sin eufemismos: unas pueden prevenir; otras apenas alcanzan a reaccionar. Esa es la desigualdad estructural que revelaban nuestras tablas.
Y si el temporal mostró la fragilidad frente al exceso de agua, 2026 se juega también por la otra cara de la seguridad hídrica: la escasez. El CR2 lo ha sistematizado con claridad: seguridad hídrica no es solo «tener agua», sino gestionar la tensión entre inundación y déficit, donde clima, demanda y gobernanza definen quién paga los costos. En la zona central, la presión se vuelve crónica; y lo crónico es lo que más castiga a quienes tienen menos margen económico e institucional.
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