Por Jacqueline Concha, directora de Innovación de la Universidad de Valparaíso.

Las universidades estatales y regionales son actores fundamentales en el avance científico, tecnológico y social, capaces de generar un impacto significativo en sus comunidades. Sin embargo, su potencial se ve limitado por la influencia de los ciclos electorales y las políticas gubernamentales cambiantes. o Cuando el Estado, a través de ministerios clave como Educación, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y Economía, Fomento y Turismo— regulan recursos e instituciones, surge la pregunta central: ¿Qué obstáculos debemos superar para que la innovación deje de ser una promesa y se convierta en una política de Estado integral?

Desde los años 90, los gobiernos han buscado construir una economía basada en el conocimiento; no obstante, su inversión en I+D  continúa siendo insuficiente (aproximadamente 0.4% del PIB), lejos del promedio de la OCDE (2.5%). Esta disparidad, junto a la fluctuación anual de hasta un 35% en la inversión, impide una planificación estratégica y compromete el desarrollo de capacidades sólidas.

Esta insuficiencia financiera no es un problema aislado; más bien, es un síntoma de debilidades estructurales profundas. Para que Chile logre desplegar plenamente su potencial en el escenario internacional, es indispensable que aborde y resuelva los cuatro frenos críticos que obstaculizan su progreso: (1) la falta de un compromiso político sostenido y transversal que garantice continuidad y coherencia en las estrategias, (2) la insuficiente inversión en ciencia, tecnología e innovación, que limita la creación de capacidades a largo plazo, (3) la fragmentación del financiamiento, que impide construir infraestructura sólida y ecosistemas regionales robustos y (4) la ausencia de un pacto social y político que trascienda los ciclos de gobierno.

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