El Leviatán de la Propiedad Intelectual, manifestado en la potestad normativa estatal, se encuentra en un punto de reconfiguración. Es imperativo que su estructura y sus mecanismos de operación sean deliberadamente orientados a funcionar como un instrumentum regni al servicio de la ciudadanía.

El concepto hobbesiano del Leviatán, entendido como la estructura macroestatal de gobierno, se manifiesta en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) como un actor central, y a menudo ambivalente. Si bien el sector que comprende organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, de investigación con fines públicos, es el principal financiador y promotor de la investigación fundamental y aplicada, especialmente en materias de salud y agroalimentarias, su eficacia en la traducción de resultados de CTI a beneficios socioeconómicos tangibles ha sido históricamente un desafío. El Proyecto de Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (Boletín N° 16686-19) representa una oportunidad significativa para redefinir y optimizar la interacción entre el Estado, la academia y el ecosistema productivo. En este contexto, la visión desde la academia, y específicamente desde la experiencia de las universidades —tanto estatales, como también aquellas privadas con una vocación de servicio de fines públicos— como generadoras de conocimiento, se torna indispensable para asegurar la coherencia jurídica y la eficiencia económica, orientándolas a transferir tales resultados con la convicción de profundizar el acceso de productos y procesos innovadores con el más alto impacto posible para los territorios en que ella se genera, contribuyendo de esa forma al mandato legal de las universidades del Estado.

Las universidades chilenas, particularmente las estatales, objeto preferente de esta columna por su propia naturaleza jurídica y por ser, a la vez, parte del Estado, constituyen nodos esenciales en la producción de conocimiento y desarrollo tecnológico. Su rol, financiado predominantemente con fondos públicos, las posiciona como poseedoras de una cartera de Propiedad Intelectual (PI) de alto interés público. Sin embargo, como se ha señalado en diversos documentos de reflexión, la gestión y transferencia de esta PI desde el ámbito universitario hacia el sector productivo o social ha enfrentado barreras sistémicas, limitando la capitalización de la inversión pública en CTI. Este proyecto de ley aspira a subsanar dichas deficiencias, lo cual es un imperativo para el desarrollo nacional. No obstante, la mera formalización de procesos no es suficiente; se requiere una articulación legal que promueva una transferencia tecnológica no solo eficiente en términos de mercado, sino también equitativa y socialmente responsable.

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