El reciente avance del proyecto de ley sobre transferencia tecnológica y conocimiento, aprobado por el Senado con 29 votos a favor y 2 abstenciones, representa una oportunidad significativa para las universidades estatales y su rol en la sociedad.

Con un amplio respaldo, esta iniciativa busca fortalecer la conexión entre la academia, el sector productivo y la comunidad, al facilitar la transferencia de resultados de investigación y eliminando barreras para la creación de empresas de base científico-tecnológica (EBCT). Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo se implemente y de la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de cada territorio, especialmente en las regiones.

El desafío de garantizar un acceso inclusivo al conocimiento

Aunque la ley propone la creación de un repositorio nacional que busca equilibrar la protección de la propiedad intelectual con el acceso abierto al conocimiento, surge una interrogante clave: ¿cómo garantizar que este acceso sea verdaderamente inclusivo?

En su formulación actual, la ley se concentra principalmente en activos protegibles por propiedad industrial, como patentes y marcas, y excluye otros mecanismos clave, como los derechos de autor, los secretos comerciales y las variedades vegetales.

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